En todo el mundo se habla acerca de las criptomonedas y cómo su valor ha aumentado enormemente en el marco de lo que algunos dicen que es una burbuja. Sin embargo, los que confían en este dinero virtual aseguran que cada vez será más aceptado por empresas y gobiernos, y que se realizarán transacciones cotidianas con criptomonedas.

El sector de bienes raíces no escapa a esta realidad, porque ya se ha realizado una compra inmobiliaria utilizando bitcoins, la criptomoneda más popular en el mercado.

El diario El Mundo publicó, el 22 de septiembre de 2017, que una inmobiliaria de Austin (Texas, EEUU) informó sobre la primera compra de una casa en ese estado sureño con un pago realizado a través de la criptomoneda bitcoin. La empresa inmobiliaria Kuper Sotheby’s International Realty expresó en un comunicado que el lujoso inmueble de nueva construcción, localizado en las cercanías del centro de la capital texana, cuenta con grandes áreas de entretenimiento, una cocina adecuada para un chef y un patio ajardinado, entre otros detalles.

No obstante, la cantidad total de la operación no fue desvelada por motivos de confidencialidad del cliente. “Durante mis 33 años de operaciones de cierre, honestamente no podía haber imaginado vivir algo tan único”, manifiesta en el mismo documento Sheryl Lowe, la agente a cargo de esta operación.

Además, la asesora se mostró sorprendida por la rapidez de la transacción. “En cuestión de 10 minutos, el bitcoin fue cambiado a dólares y el trato se cerró”, agrega.

El director de la firma, J. Kuper, afirma que a medida que Austin madura para convertirse en la próxima metrópoli tecnológica de EE.UU, los agentes de Kuper Sotheby’s “se mantienen a la vanguardia de las nuevas tendencias”. La compañía asegura que este acuerdo inmobiliario es el primero en utilizar únicamente la criptografía y dijo que este nuevo contrato ilustra el potencial del bitcoin para transformar la manera de llevar a cabo las transacciones financieras.

“En el 2017 se llegó a mínimos históricos en materia inmobiliaria, todo está prácticamente paralizado tanto en el área pública como en la privada. Para muestra un botón, este año no se recibió ni una sola solicitud de crédito de ningún banco, los promotores no están solicitando créditos en los bancos y si no hay créditos, no hay proyectos, simplemente no hay producción de vivienda” dijo a El Universal, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Carlos González Contreras.

La caída del sector se ha profundizado por alrededor de 29 trimestres consecutivos. En diciembre de 2016, ya se advertía que los recursos para la construcción habitacional eran exiguos.

Considera el declarante, además, que el bolívar cada vez vale menos en el país, “por eso es que se incrementan los costos de las viviendas que  se venden en bolívares, debido a que al cambio en dólares ese determinado monto no es nada”, argumentó el vocero.

Por otra parte, coincidió el empresario en que la situación que atraviesa la economía nacional tiene solución, pero se requiere voluntad política y medidas inmediatas.

“Hay que eliminar el control cambiario y la reorientar  la economía  como lo establece la Constitución. Debemos defender la propiedad privada a toda costa, confiar en el empresario y poner a producir ese sector como lo hacíamos hace 20 años”, manifestó Contreras.

A su juicio, la “inflación, el déficit fiscal y la política cambiaría” son los aspectos que deberían mejorar, a corto plazo.

Vaticinó finalmente que, de lo contrario, el sector inmobiliario y comercial se hará invisible ante los ojos de los compradores.

“Tenemos estudios realizados, tanto en Venezuela como en otros países,  que al detenerse los procesos hiperinflacionarios, el sector inmobiliario puede ajustarse en un período aproximado de  2 años, y se puede recuperar la confianza en el negocio rápidamente,  pero recordemos  que no tenemos soluciones mágicas ni soluciones cercanas, si no se acomoda la economía, si no se detiene la inflación, todo va a caer”, aseguró el declarante.

Fuente  El Universal.

Iniciando el año 2018, pero pendiente de la promesa del año pasado, continuamos con las entregas sobre el arrendamiento inmobiliario, en esta oportunidad comenzamos con el arrendamiento comercial.

Es importante aclarar que el arrendamiento de inmuebles destinados a comercio estaba regulado a través de leyes especiales sobre la materia. Entonces uno puede preguntarse, ¿por qué se promulgó otra ley especial para este tipo de arrendamiento?

Cuando revisamos la exposición de motivos de la normativa más reciente, así como los hechos que precedieron a su promulgación, entendemos que la causa o justificación fue los controles en los costos de los productos, o mejor dicho, en el precio al consumidor final, tal como lo contempla el Decreto Ley de Precios Justos, objeto de varias reformas.

Es de indicar que su ámbito de aplicación solo refiere a inmuebles destinados al uso comercial. A pesar de que el contexto político previo a su promulgación permitía pensar que aplicaría tan solo a los centros comerciales, al ser promulgada se constató que abarca toda relación arrendaticia que tenga por objeto un inmueble donde se desarrolle una actividad comercial.

Dentro de las novedades de esta ley tenemos el reconocimiento o inclusión de los quioscos y stands, por lo que debemos entender entonces que para el legislador este tipo constituye un inmueble.

Se mantiene que la normativa es de Orden Público, y se adiciona, lo que no es nuevo ya, la potestad discrecional para interpretar figuras que pretendan desfigurar o evadir el arrendamiento.

Llama la atención en esta ley la prohibición del pacto arbitral, pues aun cuando pretende obviar el régimen legal del arrendamiento dispuesto en el Código Civil, dentro de lo que regla este contrato, reconoce y da prevalencia al consenso entre las partes.

Se prevé que se reglamentará, así como que podrá dictarse regulaciones especiales para ciertos inmuebles destinados a comercio con características especiales, lo que hasta la fecha no ha sido desarrollado.

De igual manera, y como ya la legislación de 1999 había previsto, se mantiene la solidaridad total entre propietario, arrendador, administrador, o cualquier intermediario en la relación arrendaticia.

Como señaláramos, se desconoce el régimen legal preexistente (Código Civil), pero sí se da valor al contrato, convenios suscritos de mutuo acuerdo entre las partes.

Prosiguiendo con el mismo esquema que hemos venido desarrollando, damos respuesta a las interrogantes más comunes con relación a la nueva ley:

Voy a arrendar un inmueble, pero para adecuarlo para restaurant, tengo que hacer arreglos, ¿eso me lo va a reconocer el arrendador?

Las mejoras que quiera o requiera realizar el arrendatario al inmueble, deberán formar parte del contrato de arrendamiento, así como debe constar por escrito el acuerdo entre las partes al respecto.

Soy inquilino hace años de un local, y ahora el arrendador me quiere subir el canon con un 600% de incremento. ¿Qué hago?

Al respecto, debe considerarse la Ley Orgánica de Precios Justos, hoy en el limbo ante la promulgación de la nueva ley al respecto por la Asamblea Nacional Constituyente.

Lo que sí deben ponderar las partes es que un incremento de tal naturaleza puede rayar en usura, así como rompe el equilibrio contractual.

De igual manera, aun cuando fue creada una unidad administrativa competente en materia de arrendamiento comercial, la SUNDDE está recibiendo  denuncias derivadas del arrendamiento de locales comerciales en colaboración con la intendencia de costos.

Tanto la unidad administrativa como la SUNDDE están canalizando la fijación de los cánones de arrendamiento, aunque solamente por discrepancias y falta de acuerdos entre las partes, dado que el criterio es que perfectamente pueden  las partes pactar de mutuo y común acuerdo el canon correspondiente.

Es de destacar que solo compete al órgano administrativo lo siguiente: abrir y manejar la cuenta para la consignación arrendaticia; supervisión de la metodología de avalúo a aplicar y dictar lineamientos; y procedimientos sancionatorios.

En próximos días continuamos desarrollando el arrendamiento comercial.

Teresa Borges García

Enero, 2018