La recomendación fue seria. Aún así no pudo evitar reírse. Carlos González, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, le dijo a una periodista: “¡No te cases!” cuando le preguntaron por el precio de una vivienda. Ella acaba de hacerlo. El vocero sabe que la decisión de una vida juntos para jóvenes es imposible disfrutar plenamente en una economía como la venezolana: la inflación de los precios en vivienda incrementó
El Fondo de Ahorro Obligatorio es la cuota que cada empresario le quita al trabajador de su salario para destinarlo a los préstamos en vivienda que puedan hacer en el futuro. Actualmente se puede llegar a un préstamo de tres millones de bolívares. “Díganme qué podemos hacer ahorita con eso”. Una vivienda sin mayores acabados, de unos 60 metros cuadrados, puede costar alrededor de ocho o diez millones de bolívares.
El financiamiento de la banca tampoco es opción. El límite crediticio es de, a lo sumo, cinco millones de bolívares. NIngún ingeniero proyectista puede ahora mismo hacer proyectos habitacionales para viviendas que cuesten tan poco, analizó González en su visita a Carabobo, en la gira por la conmemoración de los 50 años de la Cámara. “Esos recursos que no utiliza el sector privado luego terminan en el Gobierno”.
Los recursos entran en un marasmo. Lo que no utilizan los privados de la banca termina en la Gran Misión Vivienda Venezuela. “Con eso se hace los simulacros de viviendas que vemos”. Son tantas cifras que, hace año y medio, el Gobierno hablaba que cada vivienda costaba 72 mil dólares. Luego dijeron que el precio era de 50 mil. En total, González calcula que se han invertido 63 mil millones de dólares. “Eso es una cifra escandalosa, más que el presupuesto de varios países latinoamericanos”. Aún así hay un déficit de tres millones de viviendas porque la realidad es que no se está construyendo la cantidad que el Gobierno propaganda.
No hay materiales. La inflación le impide al propio Gobierno construir. Y no se usan recursos de la empresa nacional, sino chinas, bielorrusas, que vienen, construyen, cobran en dólares, pero pagan a las empresas venezolanas subcontratadas en bolívares. Eso habla del empobrecimiento del país, dice González. “El problema no es cuánto cuestan las viviendas, sino cuánto gana la gente”. No hay nada que el sector pueda hacer si el Gobierno no toma los correctivos.
CAUSAS DE LEY
El déficit habitacional en Carabobo se calcula en 300 mil unidades, dijo Ingrid Suárez, presidenta de la cámara regional. Son 24 meses en caída libre. El mercado primario está totalmente paralizado. En el mercado secundario se dan negociaciones que no resuelven de raíz el problema. Y las leyes son, explica, una camisa de fuerza. “65% de las empresas inmobiliarias en recesión”.
El sector arrendamiento es casi 0%. La ley de arrendamientos no es balanceada porque beneficia solo a los inquilinos. “Si esa ley se modificara o cambiara saldrían al mercado muchísimos inmuebles que la gente los tiene y no los saca por temor”. El patrimonio de los hijos no puede arriesgarse. El precio de las viviendas ha aumentado 2000%, dijo Suárez
Afecta mucho el marco legal. Es como un limbo, explica Suárez. La ley de tierras urbanas salió como un decreto provisional por una emergencia con las lluvias en 2009. En ella se blinda al Estado para que declare cualquier terreno como de utilidad pública. Eso desestimula la inversión privada. “Se dan expropiaciones sin cumplir con los procedimientos administrativos”.
González, a pesar de todo, es optimista. Con otro esquema de salarios es posible que en menos de dos años las posibilidades de compra vuelvan a la normalidad. Si por el contrario se sigue el Plan de la Patria, que persigue la destrucción de la empresa privada, definitivamente el resultado será el desastre que hoy día ya se tiene, pero magnificado.
Fuente: http://www.el-carabobeno.com/
