El tema de las políticas de vivienda indígena en Venezuela no se deslinda del tratamiento dado a los indígenas durante los siglos de dominación a partir de la invasión europea hasta hoy,
Una suerte de paternalismo, asistencialismo pragmático bajo la falsa creencia de que los indígenas no pueden autodeterminarse de acuerdo a sus propias formas de vida, creencias culturales y normas consuetudinarias. Este paradigma ha guiado a la sociedad criolla gobernante a establecer acciones o políticas indigenistas vinculadas indirectamente al tema habitacional indígena, así mismo a realizar omisiones (no hacer nada) que luego se convierten en políticas. Hoy día, el hábitat indígena venezolano ha sido el resultado de los efectos de esta dualidad acción-omisión estatal. Pueblos indígena y políticas de vivienda es una cronología crítica de las acciones pretéritas y contemporáneas, donde se propone una aproximación al conocimiento de las acciones y omisiones emprendidas por el Estado venezolano en materia de vivienda indígena, desarrolla un encadenamiento histórico tratando de hilvanar hechos y acontecimientos con políticas, planes, programas y proyectos, tomando en cuenta los ambientes sociales de cada período proponiendo ideas, reflexiones y análisis que ayuden a la comprensión del tema. Así mismo, la obra ubica y establece la vinculación de los antecedentes intrínsecos con las políticas de vivienda actuales, revisando las acciones del gobierno colonial, la etapa republicana a partir del siglo XIX y parte del XX, la dictadura militar y los gobiernos de la democracia representativa hasta la década posterior a la promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV-1999), con el gobierno de Hugo Chávez.
En momentos cuando el gobierno nacional ejecuta la política de vivienda denominada Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), se hace imprescindible el conocimiento del tema habitacional y sus avatares históricos, particularmente si se trata de pueblos indígenas que asumen un rol de preponderancia nacional al establecerse en la Constitución Nacional el respeto a sus derechos humanos. Y es el derecho a la vivienda contenido en el artículo 2° el que anima a desentrañar la situación actual en la Venezuela contemporánea de esta temática sui generis, olvidada en los anales de la historia quizás por su injusto tratamiento dado por la academia y la historia, un trato que bien podría decirse que aportaba más elementos etnocidas en detrimento de las sociedades indígenas.
El presente ensayo recoge los resultados de la primera parte del proyecto de investigación PEII N° 1.213 emprendido durante los años 2011-2013, titulado: Estudio de desarrollos habitacionales concebidos por el Estado en comunidades indígenas, para la generación de indicadores transversales de diseño, construcción y participación comunitaria en las políticas habitacionales en Venezuela, el cual fue financiado por el Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT), organismo adscrito al Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación. Esta investigación ha sido en gran parte, el fruto de diez años de trabajo sobre el tema; una apasionante tarea de investigar sobre el hábitat y la vivienda de las culturas ancestrales venezolanas. Ha sido un recorrido sistemático de revisión de fuentes y acopio de datos de diversa índole para establecer esta aproximación, que aunque no es acabada, es inédita en nuestro país y en el ámbito latinoamericano, mediante el cual se ha interrogado la realidad del paisaje construido en el pasado en la búsqueda de evidencias para reconstruir la historia del hacer del Estado-nación en materia de políticas habitacionales para pueblos indígenas y establecer un estado de arte necesario, urgente y pionero para el avance de las investigaciones en esta área.
Preámbulo:
Un paradigma inamovible desde hace cinco siglos
Tratar de cambiar nuestras actitudes y conductas es prácticamente inútil a largo plazo si no examinamos los paradigmas básicos de los que surgen esas actitudes y conductas.
Stephen Covey
Las señales del paisaje durante semanas habían querido hablar a gritos sobre un acontecimiento sobrevenido que, desde hacía siglos, no se había vuelto a ver en la tranquilidad de la comunidad saapreye o japreria enclavada en la sierra de Perijá, estado Zulia, desde las incursiones armadas del gobierno republicano de principios del siglo XX. Bandadas de aves huyendo aterrorizadas hacia las azuladas siluetas de la sierra de Perijá habían sorprendido a los impávidos habitantes particularmente a los jóvenes y niños. Días anteriores los ancianos del caserío habían observado con cierta desconfianza los innumerables surcos rojizos de los bachacos que parecían huir como del fuego. Algo en el ambiente no estaba bien –se preguntaban-, y trataron de apaciguar los ánimos con un llamado a asamblea. Como denunciando la tragedia la naturaleza bramaba, los indígenas lo sabían, pero no atinaban realmente a descubrir la desdicha que los amenazaba desde la sociedad blanca cuyo centro de poder en la región lo ejercía la ciudad de Maracaibo.
Corría la segunda mitad del siglo XX, el país no indígena vivía una prolija bonanza apuntalada por las crecientes operaciones de explotación petrolera al mando de transnacionales que habían captado todas las concesiones privadas que se otorgaron a largo plazo (hasta cuarenta años), en calidad de amistad, durante la dictadura de Juan Vicente Gómez, entre 1908 y 1936. Posterior a la derrota de las legítimas defensas territoriales de los indígenas de Perijá, el gobierno venezolano había decidido unilateralmente reducirlos en Centros Pilotos, que no eran más que la viva imagen del Pueblo de Misión español bajo la administración de una orden religiosa, como centro de operaciones encubiertas para indagar sobre las riquezas naturales y aprovechar la abundante mano de obra indígena. Los japreria vivían en una aparente paz relativizada por lo intrincado de la zona y la precariedad de los medios de comunicación de la época.
Y llegó la tragedia. Una madrugada caracterizada por un silencio ensordecedor el agua inundaba rápidamente las inmediaciones del poblado obligando, en medio de sobresaltos y una gritería espantosa de niños y adultos, a salir de las chozas de palma lócora con estructura de madera. La oscuridad de esa noche sin luna dramáticamente intensificaba el fragor de esa malaventura y a su vez enmascaraba la magnitud de lo que estaba sucediendo realmente. El día anterior el gobierno nacional ponía en marcha el proyecto Los Tres Ríos que represaba el río Palmar y sus afluentes El Diluvio y Las Lajas, en un área de 752 hectáreas (188 hectómetros cúbicos). Y obviamente, el territorio ancestral desgraciadamente se encontraba en el perímetro anegable del mismo.
Las reseñas orales se pierden irremediablemente con los protagonistas de esa catástrofe, un puñado de ancianos, centenarios japreria, hablantes y practicantes de la cultura ancestral de este pueblo aborigen de filiación lingüista caribe, paradójicamente y en consonancia con el poco conocimiento que tenían los gobiernos sobre su población, esta etnia indígena era confundida con los yukpa habitantes de la zona.1 Se desconoce cuántos indígenas, niños, adultos y ancianos perdieron la vida durante ese infausto día, incontables si fueron los daños patrimoniales en tierras, propiedades, sembradíos, animales y el desarraigo territorial sufrido. La tragedia arrastró por igual a campesinos criollos y otras particularidades indígenas yukpa y wayuu que habían establecido una dinámica de poblamiento en la rica zona, y anegado así mismo, grandes latifundios que convivían con los indígenas japreria.
El Diluvio formó parte del proyecto desarrollista2 que en nombre del bien del país emprendió megaproyectos en territorios «vírgenes» que llevarían progreso a las ciudades criollas, entre ellos grandes embalses y sus respectivas represas. Así, el agua dulce llegaría sin retraso a la sedienta ciudad de Maracaibo y su área metropolitana a costa del genocidio del pueblo japreria. Una política decidida desde el Estado centralista, inconsulta, sin estudios de impacto ambiental-sociocultural, y arbitrariamente ejecutada sin considerar ni si quiera una política para mitigar los efectos pre y posteriores a la implantación. Los indígenas para nada fueron tomados en cuenta, no valía nada su opinión, y aún más no importó que se perdieran valiosos aspectos culturales que se preservaron durante siglos.
Los acontecimientos siguientes que les tocó vivir a este pueblo como: la reubicación forzosa en refugios insalubres muy lejos del carácter ecológico de su hábitat, posteriormente la disposición en guetos con un régimen religioso neocolonial, paternalismo, asistencialismo y la violenta reducción cultural y mezcla con otras sociedades, rayaron en el profundo desprecio y racismo de los gobernantes hacia los habitantes originarios y revela, sin lugar a dudas, la persistencia del paradigma colonial de considerar al indígena «menor de edad», un sujeto propenso a políticas reduccionistas, sin reconocimiento alguno de derechos humanos y capacidad para la autodeterminación. En pocas palabras, en pleno siglo XX se manifestaba una actuación al calco de las violentas incursiones invasoras europeas, donde ya no serían las hordas armadas en contra de indefensos indígenas, sino las «aguas del progreso» que lo arrasaron todo a su paso dejando sólo desolación y un oscuro panorama futuro.
Todo este sórdido proceso confluyó en una política habitacional para el pueblo japreria durante el gobierno de Hugo Chávez, el desarrollo habitacional Valle de los Japreria, que para bien o para mal cierra un capítulo de un caso digno para reflexionar, particularmente sobre qué ha hecho el Estado en atención al tema del hábitat en las comunidades indígenas.
Existen serios indicios que nos permiten afirmar que durante toda la historia de Venezuela, las relaciones del Estado con las sociedades indígenas se dieron bajo la incidencia de un paradigma que se ha mantenido incólume por el espacio y tiempo de cinco siglos, un paradigma caracterizado por el nucleamiento de las sociedades indígenas en poblados de corte occidental, promoción de asentamientos excluyentes como preludio de la solución definitiva que finalmente se decantan por la conformación de pueblos nucleados en torno de servicios básicos criollos de educación, salud, religión y otros dependiendo de las características de la etnia indígena y su ubicación en el contexto histórico y territorial de nuestro país.
Dentro de estos asentamientos en apariencia alineados a la filantropía cristiana, el humanismo y la dignidad humana, los indígenas fueron sometidos a un potente sistema deculturativo que promueve la reproducción de una cultura de conquista, con la enseñanza y fijación de costumbres y prácticas de la sociedad dominante en detrimento de los aspectos culturales propios. Esta reproducción se exacerba al punto de instalar el consumismo, el paternalismo y el asistencialismo como formas dominantes de interrelación e intercambio entre el Estado nacional y las sociedades indígenas.
Los efectos de esta reproducción violentamente desestructurarían la habitabilidad primaria indígena aplicando códigos y modelos ajenos, los cuales terminan por aceptarse derivando en el cambio sociocultural que promueve los antivalores del sistema no perteneciente a dichas sociedades y el olvido de las normas consuetudinarias ancestrales imponiendo modelos constructivos de factura industrial de alto consumo energético, además, el predominio de concepciones prejuiciadas sobre las configuraciones arquitectónicas ancestrales como lo fue la construcción con tierra. Así mismo, se echan a un lado principios como la solidaridad, la economía comunal agroecológica que brinda a los indígenas grandes posibilidades de producir sus propios alimentos, el enfoque de desarrollo endógeno-sustentable, la relación respetuosa con la naturaleza y preservación de la biodiversidad, la educación liberadora, la salud integral, medicina alternativa y la promoción de tecnologías apropiadas y socialmente apropiables.
Consideramos que es una realidad que muy pocos cambios hayan sido acusados en todo el devenir histórico sobre los pueblos indígenas en la mentalidad y en la actuación de los gobiernos venezolanos. A decir de Morales et al (2007:329), «la interiorización escolarizada de una imagen negativa de los pueblos indígenas no es coyuntural sino estructural. Estamos ante un hecho profundamente cultural», de ahí que entender estas acciones sistemáticas conlleva a la necesidad de comprender la expresión del hábitat construido concebido e implementado por las diversas instituciones de gobierno, y en cierta forma requeriría analizar las actuaciones enmarcadas en un determinado paradigma colonial contextualizado en las dinámicas de cambio sistemático que viven todas las sociedades. Este es un tema que hunde sus raíces en las postrimerías de la época colonial y mantiene un hilo consecuente en todas las etapas históricas del país.
En primer orden, el paradigma colonial de actuación inicia con las preocupaciones primigenias de la Corona sobre el poblamiento del territorio ultramarino de sus colonias, que muy bien traza paralelos con respecto a las actuaciones del Estado nacional y sus gobiernos del período republicano hasta hoy. Sus acciones oficiales estuvieron fundamentadas en leyes, cédulas reales y disposiciones oficiales, económicas, políticas y jurídicas, teniendo su clímax con la Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias promulgadas en 1680.3 Esta monumental legislación constituyó un gigantesco legajo de gestiones diseñado para encubrir la realidad de la inicua transgresión que significó la liquidación de los indígenas o su sumisión a la severidad de la esclavitud.
Se plantea como tesis que, desde la colonia hasta hoy, se establecieron un conjunto de políticas oficiales que incidían en los poblados indígenas y por ende, sobre sus viviendas, sin embargo, allí donde el Estado no legisló sobre el tema, se generaron omisiones que configuraron acciones que también apuntaban al objetivo de desestructuración del hábitat de los poblados indígenas. Estos instrumentos legales no consideraban lo relativo al tema del hábitat y la vivienda de forma directa, salvo aquellas legislaciones que normaban instituciones esclavistas que exclusivamente intervenían en los asentamientos tradicionales con formas organizativas y de explotación propias del sistema de dominación impuesto, más no con políticas de vivienda específicas.
Siendo para el sistema de dominación el sometimiento al régimen esclavista-explotador la principal preocupación, el problema a resolver lo constituía en cierta forma la negativa de darse por vencido a los intereses de los conquistadores, por tanto, las soluciones definidas en función del estamento legal iban perfiladas a la reducción como primera acción colonialista; de ahí que lo relativo al hábitat y la vivienda fue consecuencia o efectos colaterales de estas políticas «civilizatorias», dándose por descontado que se instrumentaron estrategias paralelas en las comunidades indígenas desde los albores de la invasión europea. Estas soluciones estaban implícitas en los intentos de fijación de núcleos de población regular, destacando las políticas de encomiendas, reducciones y corregimientos, más tarde se implementaron una multiplicidad de ensayos de poblamiento como los resguardos y los pueblos de indios que perfeccionaban el accionar colonizador.
¿Qué enseñanzas nos deja el período colonial, a grandes rasgos, en relación al asunto que concierne en este escrito? Nuestra tesis apunta al nucleamiento de poblados y la promoción de una cultura de conquista matizada por una conducta de la mayoría indígena que aceptó las políticas impositivas de los diferentes gobiernos. Si estas sociedades eran consideradas salvajes, primitivas y sin capacidad de valerse por sí solos, ¿tenían relación los objetivos coloniales de explotación y las políticas de poblamiento diseñados para la base social constituida mayoritariamente por población indígena?
El modelo de poblamiento previsto para los indígenas estuvo enmarcado en base a la explotación futura de los recursos naturales y mano de obra indígena. Aún siendo que las omisiones estaban al servicio del objetivo de reducción para la dominación en menoscabo cultural, la preocupación no estaba dirigida a la dotación de viviendas adecuadas, salubres, que respetaran sus formas de vida, sino más bien, existió un desprecio subyacente heredado de la actuación europea que los consideraba necesitados de integrarse a las dinámicas de la sociedad dominante.
En ese mismo orden de ideas, el período republicano inaugurado en Venezuela en el año 1811, ensayó prácticas que no se desmarcaron sustantivamente de las experimentadas durante los largos trescientos años que duró el gobierno colonial. Aquí cabe nuevamente preguntarse, ¿existieron políticas de vivienda para los pueblos indígenas en este período histórico? Indagar sobre este asunto implica hurgar en los anales de la historia donde la tierra y los pueblos indígenas tuvieron un protagonismo especial, particularmente la historia de los resguardos indígenas y las misiones contemporáneas para este siglo poseen las claves que confirman nuestras tesis. En el pasado, a pesar de la continua y sistemática actuación deculturativa del Estado en promover una habitabilidad reduccionista hacia las comunidades indígenas, se han establecido estrategias de resistencia a través del mantenimiento de modos culturales propios en relación a las viviendas construidas para estas poblaciones.
Durante el siglo XX las políticas habitacionales instrumentadas en las comunidades indígenas tuvieron como marco de acción la Ley de Misiones, que reflejaba los constructos ideológicos sobre los cuales el Estado intervendría en las comunidades del país. A partir de ahí, se fueron estableciendo acciones y omisiones basado en un conjunto de conceptos de instrumentación de las políticas: preponderancia de grandes capitales; consecución del máximo beneficio y sistema de préstamos; descontrolada concentración de la población en grandes ciudades; ejecución de políticas desarrollistas para la explotación de las riquezas naturales, represas, puentes, carreteras, ferrocarriles, infraestructura; apropiación de las tierras y medios de producción por parte del capital privado e inexistencia de control estatal en el emprendimiento de actividades económicas.
En este marco de actuación, el Estado es captado por los agentes neocolonialistas a raíz del auge de la exploración y explotación del petróleo a nivel mundial, ejecutando lo establecido en consecuencia por encima de los derechos humanos de los indígenas que habitaban los territorios sujetos a la intervención, por lo cual, las políticas instrumentadas no negarían la visión ideológica promovida por los gobiernos republicanos. Las políticas se instrumentaron sin orden secuencial y bajo un conjunto incoherente de prácticas que dieron forma a los poblados actuales, plagados de desequilibrios, problemas sociales, exclusión y pobreza. Esta actuación se caracterizó por la inexistencia de particularidades indígenas en los planes nacionales de vivienda, lo que conllevó acciones bajo una clara desarticulación de los entes competentes, desestimación de las diferencias culturales y el contexto ecológico, la omisión de la participación en los procesos de gestión y la opinión indígena en relación a la concepción de la vivienda ideal.
Es evidente pues, las acciones de gobierno para con los pueblos indígenas en cada uno de estos procesos, particularmente en relación al poblamiento y por ende, al hábitat y la habitabilidad, configuraron políticas oficiales que tenían implícitos objetivos velados motorizados por el interés de los factores exógenos articulados al capitalismo mundial. En tal sentido, ¿qué interés existía detrás de las políticas concebidas por el Estado para los indígenas durante el período republicano?
En las siguientes líneas se pretende dar respuesta a esta interrogante, siguiendo el hilo argumentativo precedente que comprueba la coherencia de las acciones estatales para reducir a los indígenas y apoderarse de sus territorios durante el siglo XX, a objeto de usufructuar los inmensos recursos naturales encontrados en su seno. Y ahí donde las políticas omitieron aspectos relativos al hábitat se establecieron otras acciones con otras connotaciones que apuntarían al mismo objetivo.
Se buscará comprobar la línea deductiva de las acciones y omisiones estatales en la configuración del paradigma de actuación con respecto al hábitat indígena en Venezuela, en el que la conformación y la promoción del latifundio y las posteriores políticas agrarias, o la mal llamada reforma agraria, servían la mesa del zarpazo final para apoderarse de las tierras ocupadas ancestralmente por los indígenas. En ese sentido, en un poco más de la mitad del siglo asistimos a la expoliación de las tierras de los territorios indígenas para la explotación agrícola y pecuaria y más tarde, los objetivos estuvieron dirigidos hacia la captación de la riqueza mineral del subsuelo. Este despojo ha significado la raíz del problema del hábitat, donde los indígenas vegetan en tierras improductivas, encandilados por el mito del progreso y las falsas esperanzas creadas por los medios de comunicación del desarrollo promovido desde y en las grandes ciudades criollas.
Finalmente, para el siglo XXI asistimos a una extensión de esta actuación, matizada así mismo por el incumplimiento de la legislación referida a la corresponsabilidad de gestión, ausencia de planes y programas que valoren el patrimonio cultural a partir del diseño, la espacialidad y la tecnología; por otro lado, la inercia del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígena destacándose en su primera y segunda gestión (2007-2014) como un ente ejecutor de viviendas en serie, dejando a un lado su papel de ente rector en la investigación, sistematización y el dictado de lineamientos rectores de cómo se deben construir las viviendas y qué modelos de gestión son los más adecuados a las cosmovisión de los indígenas. Preguntamos, ¿por qué no se aprovechó la oportunidad ofrecida por la fulgurante luz de la CRBV, para avanzar en la descolonización de las acciones de gobierno en referencia al tema de las políticas de vivienda indígena?
Con respecto a esta interrogante asumimos dos premisas, en primer lugar, lo anterior es notorio que la sociedad dominante ubica al indígena en la categoría más baja de la humanidad, incapaz de valerse por sí mismo, aunado a esto, las sociedades indígenas no han protestado esta situación de minusvalía impuesta por la sociedad criolla, más bien han legitimado las acciones de gobierno como reivindicaciones sinceras, valorando desde el endorracismo y desprecio de la cultura propia la vivienda criolla como la cúspide de la civilización actual. La segunda premisa asumida plantea que existe una dificultad intrínseca de parte del Estado de darle un tratamiento intercultural, diametralmente distinto al procurado tradicionalmente en el transcurso de la historia de Venezuela.
En resumen, durante el pasado las políticas de vivienda para los pueblos indígenas violaban los derechos de esta población en cuanto a que negaba la autodeterminación, se percibía la ausencia o deficiencia de desarrollo normativo, existía falta de voluntad política y de recursos presupuestarios adecuados, existía además, desidia, falta de planificación, mala ejecución, corrupción, así mismo, se evidenciaba una ausencia de participación de los beneficiarios en todo el proceso. En la actualidad esta situación no ha dejado de ser fundamentalmente por la persistencia del paradigma colonial, manifestado en la contemporaneidad como un paradigma neocolonial, etnocida, racista que sirve a los intereses de los grupos dominantes.
El despertar de las sociedades indígenas venezolanas podría equipararse a los rápidos cambios de valores registrados en lo que va del siglo XXI y el acelerado ritmo de penetración de los antivalores del sistema capitalista, que ha conducido a superponer formas de interactuar con los actores gubernamentales, buscando ante todo alcanzar la inclusión que establece la CRBV y el mantenimiento del poder político con la aplicación de diversas fórmulas proselitistas. A pesar de esto, los indígenas consolidados como uno de los segmentos socioculturales y lingüísticamente más diversos de la sociedad venezolana, han comenzado a conquistar espacios y a tener reconocimiento pleno como grupo diferenciado, buscando su autointegración a la sociedad a partir de sus particulares intereses, asunto que en el pasado no pasaba más de ser una integración compulsiva a las dinámicas hegemónicas por parte del Estado venezolano.
Con la promulgación de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI), el afianzamiento de las legislaciones nacionales e internacionales y la observancia de las dinámicas surgidas a raíz de los grandes planes nacionales de vivienda, se logra visualizar para el sector indígena grandes oportunidades de trascender desde las tradicionales políticas habitacionales reduccionistas que marcaron la historia republicana hasta la concreción de una política oficial de vivienda indígena. Actualmente, las actuaciones del gobierno en franca contradicción con su discurso revolucionario, manifiesta una suma de errores que plantean en retrospectiva diferentes escenarios, donde el más probable tiende a ser la persistencia de los conflictos desarrollados a raíz de los planes mineros y desarrollistas en su afán de explotar los recursos naturales encontrados bajo los territorios ancestrales indígenas. El segundo escenario es el cumplimiento de la CRBV y las leyes bajo el respeto de sus derechos humanos.
Sin embargo, ante la realidad, hoy día, podemos afirmar presentando abundantes evidencias, que el país propugna hacia el cambio de paradigma en relación al tratamiento dado a los indígenas desde los Estados nacionales, que busca el rescate de las particularidades étnicas y las diferenciaciones culturales en las políticas públicas. Apoyan esta visión las manifestaciones de la voluntad política del gobierno venezolano en la dignificación de las comunidades a través de la gestión de los entes nacionales afianzados en los objetivos enunciados en los planes de gobierno. Sin embargo, mientras se da esa búsqueda incesante protagonizada por actores indígenas y no indígenas, el paradigma colonial hace estragos sobre el hábitat y la habitabilidad, perfeccionando sus formas de penetración y estableciéndose en el estamento de los sucesivos gobiernos y en la praxis burocrática del Estado, favoreciendo la desestructuración cultural.
Por: Alonso José Morillo Arapé
ajmorillo25@gmail.com
Arquitecto. Magíster en Vivienda. Investigador independiente, trabajador de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA)
1 Se cree que los japreria llegaron a las riberas del lago de Maracaibo junto a los yukpa, independizándose luego de éstos lingüística y culturalmente, de ahí que ellos mismos se consideren yanshi o yirushi –primos o primas de los yukpas- (Alvarado et al, 2013:272).
2 El balance total de los 41 años de la democracia representativa durante el siglo XX, es de 77 embalses iniciados de un total de 95 existentes y dejó tres en construcción dentro de los cuales se cuenta El Diluvio, sugerente nombre que describiría las irreversibles consecuencias en las tierras indígenas.
3 Para un estudio exhaustivo sobre la Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias y otros temas vinculados, consultar: Álvarez, Tulio (Coordinador), Historia de las instituciones coloniales hispanas, UCAB, Caracas, 2014.
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